Alfredo Eric Calcagno: Cautelocracia

 

En los últimos tiempos, algunos jueces dictaron múltiples medidas cautelares para frenar la aplicación de leyes o decretos nacionales; en especial, afectaron a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, antes, a la utilización de reservas del Banco Central. Néstor Kirchner decía el 27 de septiembre de 2010 con respecto a estas medidas: “Que se termine este juego de la justicia cautelar, que es una verdadera vergüenza”. Agregaba: “Justicia cautelar sobre medidas cautelares que después no resuelven nunca nada y sirven para trabar el funcionamiento normal de la institucionalidad del Estado”. Por desgracia este juego no ha terminado, y el 6 de abril de 2011 un juez de Córdoba dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la resolución de la Secretaría de Comercio Interior que impedía el aumento del precio del abono a Cablevisión.

¿Cuál es la razón de ser de estas medidas cautelares? A lo largo de nuestra historia, los grupos privilegiados que integran el establishment económico y político, recurrieron a diversas artimañas para impedir cambios que los perjudicaran; no importaba si había que hacer trampa o si corría sangre. Es la historia de los fraudes electorales y los golpes de Estado.

Como ahora no pueden cometer esas atrocidades, acuden a algunos sectores más conservadores del Poder Judicial como instrumento para trabar la acción del Gobierno, mientras esperan tiempos imaginarios que les sean propicios. Las medidas cautelares son herramientas privilegiadas para cumplir con esa tarea de sabotaje, hostigamiento y desgaste. Constituyen un instrumento modesto, porque sólo son tácticas de retardo; pero pueden tener efectos decisorios equivalentes a una sentencia de fondo, en los casos en que el tiempo sea una variable esencial. ¿De qué se trata?

Los juicios se resuelven por sentencias judiciales, pero en ciertos casos, mientras se tramita el litigio, se impide cualquier modificación de la situación actual. Son las medidas cautelares que prohíben innovar, sobre todo para evitar cualquier modificación que pudiera convertir a la ejecución de la sentencia en “ineficaz o imposible” (art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial). El establishment las utilizó en 2010 para intentar anclar a Martín Redrado en el Banco Central y para impedir el pago de deuda externa con reservas internacionales. En su aplicación infringieron el Código Procesal Civil y Comercial, al desechar la presunción de validez de que gozan prima facie los actos de los poderes públicos; interrumpieron la aplicación de la medida impugnada mientras durara el amparo; y transformaron en juicio ordinario un recurso de amparo para permitir la recusación de camaristas no adictos.

No pudieron incidir sobre el fondo de los problemas y en definitiva fracasaron, pero retardaron la aplicación de importantes actos de gobierno. Ahora pretenden frenar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para lo cual obtuvieron medidas cautelares de varios jueces que violan el principio de la no judicialidad de las cuestiones políticas. Desechadas las impugnaciones generales, tratan de impedir el cumplimiento de artículos concretos de la ley o de invalidar algunos actos de su aplicación.

La cautelocracia. Estas medidas aparentemente menores pero con gran trascendencia política, nos llevan a una forma degradada del gobierno de los jueces. Así lo declaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que calificó a la intromisión del Poder Judicial en las atribuciones de otros poderes como “una anomalía constitucional y axiológica, caracterizable como pretensión de gobierno de los jueces” (Fallos, año 1965, 263-267).

Ya no impugnan con sus sentencias a ciertos actos de los otros poderes. Ahora son medidas cautelares que paralizan importantes actos del Poder Ejecutivo. Estamos en presencia de una mini-forma de gobierno, que en la terminología de Aristóteles constituiría una subespecie instrumental de la oligarquía. Por definición, sólo se ocupa de las formas y no encara el fondo de los problemas; su único propósito consiste en impedir –o al menos retardar– actos de gobierno que son rechazados por el establishment.

Este procedimiento tiene varias ventajas para quienes lo practican. En primer lugar, estas medidas cautelares se adoptan sin que el Poder Ejecutivo pueda intervenir, ya que no corresponde darle vista de las actuaciones. Segundo, una vez que se retarda todo lo que se puede en primera instancia, pasa a la Cámara de Apelaciones, que puede demorarla meses; por último, la Corte Suprema se expide en plazos más extensos. Se comete la aberración jurídica de suspender en toda la Nación, por tiempo indefinido, la ejecución de leyes aprobadas por el Congreso y de decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, con sólo la voluntad de cualquier juez de no importa qué ciudad. En el fondo es un arte menor, pero tiene una importante capacidad de daño.

El funcionamiento de la cautelocracia. Esto es lo que sucede, y es necesario analizar sus posibles consecuencias. Si esta práctica judicial tuviera éxito, ¿cómo sería el funcionamiento de la cautelocracia? Veamos primero con qué medios cuenta y después qué podría hacer con ellos.

Ante todo están los grupos del establishment que planean la operación en su conjunto. Lo integran algunas corporaciones económicas grandes y un núcleo duro de abogados que interviene en cada caso. En segundo lugar figura la mano de obra, constituida por 15 o 20 jueces esparcidos por todo el país, cuya raigambre es la más conservadora de la profesión donde existen cerca de 5.000 jueces, al tiempo que los reclamantes presentan los recursos judiciales cuando “los amigos” están de turno. Los cautelócratas abundan, ya que los intereses a satisfacer y las vanidades a halagar están con facilidad al alcance del establishment. Además, en general, los jueces concernidos lo hacen con gusto, porque piensan igual que el núcleo duro que los lidera; por último creen que gozan de impunidad, y hasta ahora han tenido éxito: ninguno de los cautelócratas ha sido sancionado por las violaciones a la ley que cometieron.

¿Cuáles serán los temas en los que actuarán? El grueso de la cautelocracia continuará con su actual tendencia reaccionaria. Por ahora la ofensiva central será contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; pero no debe excluirse cualquier otro tema que interese a las corporaciones involucradas.

¿La cautelocracia al poder? Cuando se desvirtúan las instituciones, las consecuencias pueden ser graves, porque lo normal es que las infracciones se generalicen. Entonces se entraría en una pugna que puede desnaturalizar al sistema político en general y al judicial en particular; pero sería peligroso, incluso para los actuales beneficiarios.

Hasta ahora, las medidas cautelares aplicadas han servido para impedir acciones del gobierno y servir los intereses del establishment; pero ¿qué pasaría si con igual empeño que el establishment, los perjudicados por ciertos actos empresarios se dedicaran a reclamar medidas cautelares que los protejan a ellos y afecten a las corporaciones? Dentro del conjunto de jueces existentes, muchos compartirán esos puntos de vista. Como demandantes, no faltarían los organismos defensores de los derechos humanos y sociales, o perjudicados por posiciones económicas dominantes, o particulares afectados, todos los cuales podrían solicitar medidas precautorias. Es obvio que los mismos instrumentos pueden utilizarse para perseguir fines muy diferentes. En cada caso, su sentido dependerá de las convicciones y los intereses que se defiendan.

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española incluye dos acepciones de la palabra cautela: “1. Precaución y reserva con que se procede. 2. Astucia, maña y sutileza para engañar”. Debe impedirse que el sentido de las “cautelas judiciales” siga deslizándose de la primera acepción a la segunda.

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Published in: on abril 14, 2011 at 1:13 pm  Dejar un comentario  

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