Alberto Dearriba: Don Vicente y el Viejo Vizcacha

 

En los albores de la democracia recuperada, los cronistas parlamentarios interpelaban habitualmente al presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Vicente Leonides Saadi, por la convalidación de ascensos a oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de participar en la represión ilegal. Los periodistas le recordaban datos generalmente proporcionados por organismos de Derechos Humanos. Saadi negociaba puntualmente cada caso con el gobierno de Raúl Alfonsín. Un día de aquellos tiempos inaugurales, el astuto senador catamarqueño le dijo a uno de los periodistas: “Ustedes siempre me preguntan por los militares y nunca por los jueces que estamos acordando con los radicales. Pero a los militares los destituye una decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, y, en cambio, estos jueces para los cuales prestamos acuerdo, serán los jueces de la democracia.”

Cada vez que se produce un fallo que claramente ampara a los sectores más poderosos, las palabras de don Vicente recobran validez junto al consejo del Viejo Vizcacha, que instaba a hacerse amigo del juez, como producto de una experiencia popular nefasta, pero irrebatible en términos pragmáticos.

Un presidente de la Nación pudo barrer las cúpulas de las Fuerzas Armadas y producir gestos como el de ordenar bajar los cuadros de los principales genocidas del Ejército del Colegio Militar. Pero siete años de gobiernos embanderados en la defensa de los Derechos Humanos no han logrado que el Poder Judicial deje de actuar corporativamente y muchas veces en defensa de los intereses más concentrados. No bastó la remoción de una Corte Suprema de Justicia totalmente desprestigiada, ni haber impulsado en cambio un tribunal de hombres y mujeres con prestigio. No alcanzó tampoco con que los titulares del Poder Ejecutivo reclamaran periódicamente celeridad a los jueces para que los pronunciamientos judiciales no llegaran después que los inapelables fallos biológicos. Ni tampoco que existiera un importante paraguas político para la acción judicial.

Hace diez años que el Poder Judicial se encuentra embrollado o accede a las presiones de una poderosa señora sospechada de haberse apropiado durante la dictadura de dos chicos que podrían ser hijos de desaparecidos. ¿Cómo puede interpretarse que un nuevo fallo limite en el tiempo el derecho a la extracción de sangre consagrado por una ley nacional? ¿Por qué los magistrados le dan crédito a las fechas de nacimiento que constan en los documentos de identidad de Felipe y Marcela Noble Herrera cuando es precisamente esa identidad la que está en tela de juicio? ¿Temen al poder mediático o estaban de acuerdo con la represión? 

El Poder Judicial reivindica como un pilar republicano el principio de inamovilidad de los jueces, pero ese poder vitalicio huele a corporación, cuando estallan con estridencia –como en el caso Noble Herrera– las añejas desigualdades ante la ley entre el poder concentrado y los argentinos de a pie.  

Cuando el diputado Alejandro Rossi impulsó un proyecto que propiciaba que los magistrados fueran recalificados cada cinco años, estalló un escándalo que desactivó la iniciativa en medio de apelaciones a la división de poderes. Muchos se rasgan las vestiduras para denunciar presiones del poder político sobre el judicial, pero nada dicen de la sumisión frecuente de la justicia al poder económico.

Es imposible acordar con Elisa Carrió cuando sostiene por ejemplo que Kirchner es Hitler. Pero –más allá de sus intenciones–  no  se puede menos que coincidir cuando sostiene en alusión al caso Shoklender que “nadie puede esconder el robo bajo el ropaje de los Derechos Humanos. El delito es delito. No importa si es de derecha o izquierda.” Eso es lo que interpretó el gobierno, cuando el  ministro Florencio Randazzo salió a exigir una investigación a fondo sobre el supuesto desvío de fondos públicos a bolsillos privados. Los militantes de los Derechos Humanos resultarían los principales estafados, de confirmarse una defraudación producida dentro de una entidad que lidera la reivindicación ética y moral de la Argentina, según lo reconocen en el mundo entero. Mientras una multitud abrazaba a las Madres en Plaza de Mayo en señal de protección, Cristina Fernández recogía en Roma el prestigio de su gobierno por impulsar una reivindicación ética ausente en otros países que padecieron las atrocidades de la dictadura, como el Uruguay, donde  la Corte Suprema de Justicia acababa de ratificar que los crímenes cometidos por los militares no constituyen delitos de lesa humanidad. 

Tal vez los jueces uruguayos piensen como Jorge Lanata –quién tras dirigir un exitoso diario que se instaló en buena medida por denunciar la represión ilegal– dice ahora que está podrido de oír hablar de la dictadura. Pero el periodista tiene algo de razón cuando sostiene ahora que “el problema en la Argentina no es la política,  sino la justicia”. Claro que ni Lanata ni Carrió reclaman, por ejemplo, investigar las multimillonarias maniobras de evasión fiscal de las cerealeras más grandes del mundo denunciadas por el titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray. Tampoco se los ve reclamar que avance la investigación sobre Papel Prensa, que se destrabe la Ley de Medios frenada desde hace casi dos años o que se hagan las  pruebas de ADN a los jóvenes Noble Herrerra, en una causa que ya lleva diez años de dilaciones y chicanas leguleyas.  

Tras siete años de un gobierno de innegable voluntad investigativa de los crímenes de lesa humanidad, en la Argentina hay más de 240 condenados, pero otros 600 procesados  aguardan justicia por delitos cometidos hace 30 años y unas 400 personas de unos 35 años viven con identidad falsa. Las dilaciones hacen que algunos pronunciamientos judiciales lleguen después que el inapelable fallo de la muerte. 

Ernestina Laura Herrera de Noble tenía 76 años cuando se inició la causa que intenta dilucidar si es o no una apropiadora. El próximo martes, los periodistas celebrarán su día y la poderosa señora cumplirá sus 86 años en libertad. Para entonces la causa habrá vuelto seguramente a la Corte Suprema,  en un nuevo episodio dilatorio.

Algunos de los periodistas de los medios más poderosos que se juegan la subsistencia hegemónica en las próximas elecciones reclamarán en encendidas columnas firmadas que se investigue “la corrupción kirchnerista”. Otros simplemente intentarán conservar el sustento de sus familias con la mayor dignidad posible. Su condición de asalariados les niega obviamente la falaz denominación de independientes. En una y otra trinchera, los periodistas dependen de empresas que tienen la libertad de fijar sus líneas editoriales. En las sociedades burguesas, la libertad de prensa es en realidad la libertad de empresa. O un mito tan grande como el de la justicia independiente. Para un periodista profesional, no hay nada mejor que poder coincidir con la línea de su medio, con lo cual defenderá principios y no intereses. Pero de uno y otro lado, hay sencillos trabajadores de prensa que reivindican con dignidad sus ideas. Hombres y mujeres que muchas veces no pueden escribir lo que quieren, pero que pueden evitar escribir lo que no quieren, aunque de ese  modo no logren ascensos ni jugosos ingresos.

Fuente texto: diario Tiempo Argentino, 4 de junio de 2011.

Fuente imagen nro 1:  argentinak09.blogspot.com

Fuente imagen nro 2: diarioregistrado.com

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Published in: on junio 14, 2011 at 1:48 pm  Dejar un comentario  

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