Demetrio Iramain : Crisis terminal

Un error conceptual, un vicio de interpretación, en definitiva: un argumento tan falaz como interesado, estructura todos los comentarios, las editoriales y las operaciones mediáticas opositoras respecto de la posición del kirchnerismo con la Corte Suprema: “Todos pueden opinar sobre el máximo tribunal, menos el gobierno”, se lee o escucha en los medios mayoritarios. ¿Y por qué? Fácil: fue Néstor Kirchner quien renovó la Corte y fue Cristina quien impulsó la ley que modificó su número de integrantes, regresándolos a 5 en vez de los 9 miembros que tenía el tribunal cuando el santacruceño arribó a la presidencia de la Nación. Si ustedes nombraron a los ministros, y además cambiaron la ley de conformación del tribunal, ahora aguántensela.

En verdad, es al revés. Es precisamente el gobierno que más y mejor hizo por democratizar la justicia, por transparentar sus prácticas, por poner en la agenda del debate público los intereses cruzados que operan tras sus fallos, por agilizar sus tiempos y cambiar por una Corte presentable aquella que había heredado del neoliberalismo noventista, el que más legitimado está para observar sus comportamientos, tanto más cuando estos rozan la ilegitimidad constitucional. Nótese que el gobierno cuestiona a Ricardo Lorenzetti por su reelección, al tribunal por las formas de esa acordada que lo nombró nuevamente en la función (que le permite desempatar una votación, por ejemplo), y a Carlos Santiago Fayt por su presumible mal estado psicofísico para el cargo, que lo vuelven inhábil para la justicia, y no por un fallo en particular.

fayt en orsai

Los juristas discutirán si la famosa acordada que Fayt firmó con su grafía temblorosa en su casa y no, como decía el texto, en la Sala de Acuerdos del Palacio de Tribunales, según el cual el centenario magistrado habría tenido una destacada participación, constituye el delito de falsedad ideológica. Para la sociedad democrática que asiste impasible al triste espectáculo que ofrece la otrora prestigiada Corte Suprema, es ya mismo una estafa moral, que vuelve ilegítimo al tribunal, precisamente en uno de sus aspectos en los que más presumía, y que siempre distinguieron a la justicia de clase en este país: la precisión (aunque hueca) de sus formalismos institucionales.

Está claro: no están en juego las prerrogativas laborales del longevo juez de la Corte, sino el soberano derecho que le asista a la sociedad argentina de tener garantía de justicia en el mayor tribunal del país.

El statu quo cultural implantado a bala y hambre, sangre y desocupación, por el neoliberalismo tardío que se resiste a irse definitivamente de estas tierras, les hizo creer a muchos jueces que la Constitución mira a través de sus exclusivos ojos. Esos ojos debieran ser 10 (de 5 miembros). Ahora son apenas de 4, y uno está en duda. Sentado hasta que la muerte los separe en la cómoda poltrona del máximo tribunal del país (¿o en el sillón de su cuarto?), Fayt manda a su chofer a responderle a la presidenta que el pueblo votó dos veces seguidas con porcentajes electorales altísimos: “Los hechos son sagrados; los comentarios, libres.”

Nadie mejor que el centenario cortesano para simbolizar el tiempo de descuento, la oscura sobrevida que goza la rancia oligarquía que todavía hegemoniza los tribunales nacionales.

A propósito, ante la situación planteada en el máximo tribunal, los primeros que salieron a emitir un sonoro pronunciamiento sobre la integridad de sus miembros fueron las más grandes corporaciones económicas. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), Asociación Empresaria Argentina (AEA), Cámara de Comercio Argentino-Canadiense (CCAC), Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM), Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP), Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Consejo Empresario Mendocino (CEM), Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), Fundación Libertad (FL), Fundación Mediterránea (FM), Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Sociedad Rural Argentina (SRA), y Cámara de Sociedades Anónimas (CSA), coincidieron en su rechazo ante “expresiones hostiles referidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. El establishment económico y mediático y sus ramificaciones, saltaron por la Corte, no los agrupamientos de víctimas ni los organismos de Derechos Humanos. Toda una definición. Favor con favor se paga. Es el vuelto que los empresarios más concentrados retribuyen a cambio de las precisiones del juez Lorenzetti, quien hace una semana le dijo a un medio gráfico del Grupo Clarín que la justicia “está para ponerles límites a los gobiernos”.

A las dudas que genera el estado de salud de Fayt se suma la absoluta ilegalidad que supondría que otro hombre discuta por él su voto con el resto de los jueces de la Corte, o al menos con Lorenzetti. Porque el acuerdo que en 1983 dio el Senado de la Nación fue extendido a Fayt, no a sus secretarios. A sus méritos y antecedentes, no al pulso con el que firma sus fallos. La Constitución confió en Fayt, no en la confianza de Fayt a otro hombre, y mucho menos confió dos veces en Lorenzetti. La República reclama que Fayt hable por sus sentencias, dé la cara, y no mande señales a través de su hija, su abogado o su chofer. Cuando se afirma que Fayt está “vivo” sólo se oscurece el panorama. ¿Acaso el juez está secuestrado? ¿De quién estaría cautivo? No se necesitan pruebas de vida, sino de la integridad para el ejercicio de un cargo muy sensible, debido al excesivo y antidemocrático poder que todavía tiene un juez de la Nación.

La independencia y la imparcialidad de los jueces son una exigencia social, colectiva, histórica, fruto de esta época, y no un mérito de sus individualidades. El nuevo ciclo argentino que el Poder Judicial se niega a ver indica que esa premisa debe comprender, primero que nadie, a las corporaciones económicas. Con la triste actitud de la Corte, el apoyo recogido entre los potentados económicos, y el abrazo de oso que Lorenzetti le tiende a Fayt, el afamado tribunal desciende a los bajofondos de su más flaca estima social.

Fuente texto : infonews.com

Fuente imagen : enorsai.com

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Published in: on mayo 14, 2015 at 6:17 pm  Dejar un comentario  

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