El término crisis hace referencia en una economía de mercado al problema de los ciclos económicos –de corta o larga duración– caracterizados por la alternancia de auges y depresiones. Lo que pone en evidencia el período de contracción o depresión, cuya fase más aguda denominamos crisis, es la disminución general de la actividad económica, reflejada en la baja de la producción de bienes y servicios y de la ocupación; acompañada, por lo general, por una reducción del nivel general de precios y salarios.
Cuatro son las crisis que han producido mayor impacto en la evolución de la economía argentina y originado, también, importantes cambios de orden político y social: la de 1890, la de 1930, la de 1981 y la del 2001-2002. En la primera, tercera y cuarta, se unen causas externas e internas.
La segunda es de origen externo. Todas ellas tuvieron formas y efectos distintos. La crisis de 1890 está ligada a una profunda crisis política que iba a desembocar en la llamada Revolución del ’90 y en la caída del presidente Juárez Celman. Pero su detonante principal fue el alto nivel de endeudamiento externo, que no encuentra compensación en las inversiones para las cuales los préstamos habían sido requeridos, vinculadas a un fuerte clima especulativo y de corrupción. La imposibilidad de obtener nuevos capitales para pagar los intereses de la deuda, imponen al país la cesación de pagos. Sin embargo, la crisis del ’90 no produce un cuestionamiento del modelo económico en el seno de las clases dirigentes. El esquema agroexportador logra superar el período depresivo y alcanza a principios del nuevo siglo su época de mayor expansión. De allí en más comenzará a declinar
La crisis originada por el crac de la Bolsa de Nueva York de octubre de 1929 es, sin duda, la más conocida de todas y condujo a una profunda depresión que iba a durar cerca de quince años y culminaría con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina vino acompañada también de cambios políticos, como el golpe de Estado de septiembre de 1930 y el retorno de los conservadores al poder. Sin embargo, a la inversa de la crisis de 1890, plantea en la sociedad la conveniencia de un cambio del modelo económico vigente. El cierre de los mercados externos, originado por la quiebra del sistema multilateral de comercio y pagos, lleva a los gobiernos de entonces a encarar un proceso de industrialización que va a producir modificaciones significativas en la estructura productiva del país.
Las autoridades económicas, de ideología liberal, realizan, bajo el peso de las circunstancias y mediante el control de cambios y el manejo de los aranceles, una política proteccionista, salvo en el caso del Pacto Roca-Runciman que otorga beneficios especiales a los exportadores ingleses. Inicia también, a través de la creación de las juntas reguladoras y otros organismos estatales o semiestatales, un proceso de intervención del Estado en la economía que va a acentuarse, con otras características económicas y sociales, durante el gobierno peronista.
La crisis económica internacional que comenzó a desarrollarse en los inicios de la década de 1970, con la crisis del dólar, primero, y la del petróleo, después, creó, en cambio, una amplia disponibilidad de capitales (eurodólares y petrodólares) dispuestos a reciclarse en los países del Tercer Mundo, lo que permitió a las dictaduras de Pinochet y Videla disponer del financiamiento necesario para hacer prevalecer sus políticas económicas, precursoras del neoliberalismo en el mundo. En esto tuvieron un peso decisivo los organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, que querían facilitar la inserción de los países en desarrollo a los nuevos circuitos financieros
Los procesos especulativos pasaron a ser un factor fundamental de la nueva orientación económica: se traían del exterior dólares que se convertían en pesos a un cambio sobrevaluado, se colocaba esos pesos a altas tasas de interés y cuando se pensaba que el dólar iba a subir, se volvía a cambiar pesos por dólares y se los fugaba al exterior. Pero desde fines de los ’70 y principios de los ’80, se produjo otro ciclo recesivo mundial, y la Reserva Federal, frente a los crecientes déficits fiscales en los EE.UU., comenzó a elevar las tasas de interés. Esas tasas pasaron significativamente del 6 al 14%, iniciando una década perdida para América latina al expandir notablemente el endeudamiento externo de los países de la región.
Como consecuencia de ello en 1981, estalló otra crisis en la Argentina, con una fuerte devaluación de la moneda y el retorno de procesos inflacionarios y, sobre todo, con la inmensa carga del endeudamiento externo, que pasó de u$s8.000 millones en 1975 a u$s45.000 millones en 1983, cuando la dictadura militar dejó el poder. Ese endeudamiento había tenido que ver, sobre todo, con la especulación financiera, los autopréstamos, los gastos militares y la corrupción. Incluso la deuda privada fue beneficiada con un seguro de cambio que de hecho la transformó en deuda pública.
En los ’90, las burbujas especulativas produjeron una nueva sobreabundancia de capitales en el Norte que fluyeron de nuevo hacia América latina en busca de mayores rentabilidades. La ideología jugó en este sentido un rol importante impulsada por las reglas que brindaba el llamado Consenso de Washington, donde se recomendaba que las políticas económicas tuvieran como eje central el control del gasto público y la disciplina fiscal, la liberalización del comercio y del sistema financiero, el fomento de la inversión extranjera, la privatización de las empresas públicas, y la desregulación y reforma del Estado. Todo esto se aplicó en la Argentina, donde se implementó también por ley un sistema de convertibilidad que llevó al abandono de toda política monetaria y a la sobrevaluación del peso. Fue fundamental la venta de los activos más importantes del patrimonio público, que culminó con la de la compañía estatal petrolera YPF y la pérdida de manos del Estado de un recurso estratégico clave para la economía argentina.
Como producto de estas políticas se verificó, sobre todo, un incremento del endeudamiento externo del 123%, pasando de 65.000 millones a 175.000 millones de dólares en poco más de una década. Se arribó finalmente a una explosión social, el 19 y 20 de diciembre, que produjo por primera vez la caída de un gobierno democrático sin ninguna intervención militar. Estaban ya en curso una grave depresión de la economía argentina, reflejada en el 2002 por una drástica baja del PBI (10,9%), de la inversión (36,1%), del consumo (12,7%) y de las importaciones (49,7%), y una creciente redistribución regresiva de los ingresos. El fin del régimen de convertibilidad y el default de la deuda externa constituyeron las últimas etapas de la crisis. El corralito se comió los ahorros de los sectores medios, mientras que la desocupación superaba el 20% de la población activa y cerca de la mitad de la ciudadanía se hallaba bajo los límites de la pobreza, en un país con recursos suficientes para alimentar a 300 millones de personas.
La actual crisis económica internacional tiene mucho de parecido, salvando las distancias de tiempo y magnitudes económicas, a la del ’29. ¿Está el país preparado para enfrentar sus consecuencias? La tasa de crecimiento, el nivel de reservas, el superávit fiscal, la reindustrialización y recuperación del mercado interno, la menor dependencia del financiamiento exterior, la exportación de alimentos indispensables para una humanidad que carece en gran medida de ellos, son las ventajas. La desventaja es una clase política y económica centrada en sí misma, que tiene por mira su propia ambición electoral o de intereses. Que no se da cuenta de que una economía mundial en crisis puede favorecernos si somos lo suficientemente inteligentes como para aprovechar el momento. La reestatización de las jubilaciones y de Aerolíneas indica el camino a seguir: fortalecer el Estado como en los ’30 –aunque ahora no sólo a favor de algunos sectores privilegiados– sabiendo que los mercados mundiales están expuestos cada vez más a aterrizajes de emergencia.
Fuente : El Argentino.com, 7 de noviembre de 2008.
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